La Solución NO es que se vaya

En cualquier momento, se conocerá la sentencia anticipada del proceso contra el Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo Vásquez, por la figura conocida como doble militancia en modalidad de apoyo. De ser anulada su elección, el Departamento podría verse enfrentado a un nuevo periodo de interinidad y, eventualmente, a elecciones atípicas.

Y aunque su administración ha estado plagada de críticas, cuestionamientos y un evidente deterioro de la relación con la comunidad, la solución NO es que se vaya.

Porque cuando se frustra una elección, se debilita la gobernanza. Porque cada vez que un mandato popular —con una diferencia de más de 13.000 votos sobre el segundo candidato— se anula, también se anula un pedazo de voluntad colectiva. Y lo que queda no es una «corrección», sino una crisis institucional.

¿Quién gobierna mientras tanto? ¿Quién rinde cuentas? ¿Quién planifica un modelo de desarrollo serio para el Departamento más extenso del país?

Hoy enfrentamos una administración local señalada por su negligencia, por la falta de comunicación real con la comunidad, por los evidentes favores a amigos, aliados e inversionistas del sector político. Pero también enfrentamos una ciudadanía pasiva, que aún delega su voz en otros, que observa sin intervenir, que critica pero no propone.

La verdadera solución para este gobernante, y para los que vengan, está en la participación decidida y constante de la ciudadanía. En el compromiso de una juventud que no ha sido capturada por las redes clientelistas. En el despertar de los gremios profesionales que han estado al margen del poder, pero que tienen mucho que aportar. En una sociedad que deje de normalizar el desgobierno.

Porque en San Andrés, gobernar no puede seguir siendo una oportunidad de lucro, sino una responsabilidad urgente ante los problemas acumulados del territorio. Gobernar es servir. Y el servicio requiere veeduría, exigencia, participación.

Además, no podemos ignorar el contexto histórico inmediato. Las tres administraciones anteriores también estuvieron marcadas por graves irregularidades. Aury Guerrero Bowie, Ronald Housni Jaller y Everth Hawkins Sjogreen fueron suspendidos, juzgados o condenados por actos de corrupción o delitos contra la administración pública. Cada una de estas crisis institucionales ha sumado al atraso social y al desmejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Archipiélago. La continuidad del desgobierno ha generado una profunda desconfianza en la institucionalidad y ha debilitado los lazos de cooperación entre el sector público y los gremios organizados, que hoy reman en aguas sinuosas, sin rumbo común con las autoridades.

La falta de una visión compartida, de planes sostenibles y de una administración que verdaderamente dialogue con los actores sociales, ha convertido al Archipiélago en un territorio que sobrevive entre improvisaciones, clientelismo y decisiones de «oportunidad» más que de necesidad. Esto debe cambiar. Pero el cambio no vendrá de una sentencia ni de un nuevo nombre en el tarjetón electoral. El cambio nacerá de la acción colectiva, del coraje de una sociedad que decida no repetir el pasado.

Por eso insisto: la solución no es que se vaya. La solución es que despertemos todos.