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Pese a las graves implicaciones económicas y sociales de una eventual nulidad, la Gobernación de San Andrés, Isla, omitió presentar alegatos en el proceso judicial que cuestiona la legalidad del acto que designó a AREMCA como ejecutora de recursos públicos.
En ejercicio del control ciudadano y la vigilancia activa sobre los asuntos de interés público, desde Tutela Digital y en articulación con Heredad Veeduría Ciudadana, ponemos a disposición de la comunidad un cuestionario público dirigido a la doctora Shirley Polo Ramírez, actual Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Este cuestionario se formula como un ejercicio legítimo de participación ciudadana, consagrado en los artículos 2, 23, 40 y 270 de la Constitución Política de Colombia, y amparado por las leyes 850 de 2003 y 1757 de 2015, que fortalecen las facultades de las veedurías ciudadanas en la promoción de la transparencia, la responsabilidad institucional y la defensa del patrimonio público.
Los interrogantes planteados tienen como finalidad esclarecer las razones por las cuales la Gobernación omitió presentar alegatos de conclusión en el proceso judicial que busca la nulidad del acto administrativo que designó a la Asociación Regional de Municipios del Caribe – AREMCA como ejecutora de los recursos del Sistema General de Regalías. Un hecho de trascendental importancia para el futuro financiero, jurídico y social del Departamento, en el cual la posición del ente territorial debió ser clara, activa y comprometida.
Publicamos este cuestionario con el mayor respeto por la institucionalidad, pero con el firme compromiso de no guardar silencio frente a las omisiones que afectan la correcta defensa del interés público.
Cuestionario Público dirigido a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de San Andrés, Isla
Dra. Shirley Polo Ramírez
Jefa de la Oficina Asesora Jurídica
Gobernación del Departamento Archipiélago
El pasado 2 de mayo de 2025, la Secretaría del Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago certificó que la Gobernación, en calidad de demandante en el proceso de nulidad por lesividad contra el acto que designó a AREMCA como ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías, no presentó alegatos de conclusión, etapa crucial del proceso judicial.
Dado que su oficina fue oficialmente anunciada como garante del acompañamiento legal en la gestión departamental y del cumplimiento de las normativas jurídicas, desde la ciudadanía elevamos los siguientes interrogantes:
Preguntas ciudadanas:
- ¿Por qué la Gobernación, como parte demandante, no presentó alegatos de conclusión en este proceso judicial clave?
¿Existió una instrucción deliberada de abstenerse o fue una omisión administrativa?
- ¿Cuál fue el criterio técnico o jurídico que respaldó la decisión de no ejercer el derecho a alegar, aun cuando la nulidad del acto puede generar consecuencias millonarias para el Departamento?
- ¿Quiénes son los profesionales o contratistas responsables del litigio en este caso y bajo qué modalidad fueron vinculados a la defensa del Departamento?
- ¿Ha emitido su despacho alguna directriz escrita o informe de supervisión sobre la estrategia jurídica frente a este proceso? Si es así, ¿por qué no se reflejó en una postura procesal activa?
- ¿Considera que esta omisión es coherente con el principio de defensa del patrimonio público, misión principal de la acción de nulidad por lesividad?
- ¿Qué medidas inmediatas piensa adoptar para evitar que decisiones judiciales de alto impacto se tramiten sin una postura activa por parte de la administración departamental?
- ¿Cómo garantizará su oficina, en lo sucesivo, una defensa técnica, oportuna y estratégica de los intereses de la ciudadanía ante los estrados judiciales?
Desde Tutela Digital reiteramos nuestro compromiso con la vigilancia ciudadana y la defensa del interés general. El silencio institucional frente a decisiones judiciales de alto impacto no solo debilita la confianza en la gestión pública, sino que también deja a la ciudadanía sin las respuestas que merece frente a posibles afectaciones al patrimonio colectivo.
Hacemos un llamado respetuoso pero firme a la Oficina Jurídica de la Gobernación para que se pronuncie con transparencia y responsabilidad. El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina necesita servidores públicos que actúen con rigor, diligencia y compromiso frente a las causas que comprometen su bienestar y futuro. E invitamos a la ciudadanía, medios de comunicación, organizaciones sociales y gremios económicos a seguir de cerca este proceso, ejercer control social y exigir claridad. La defensa del patrimonio público no es una opción: es un deber legal, ético y moral.
*Para entender mejor esta figura jurídica, puede consultarse el siguiente análisis publicado por Ámbito Jurídico: Explican la doble militancia en la modalidad de apoyo.
