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¿Otra Defraudación para la Comunidad Raizal?
La comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina enfrenta una creciente preocupación ante lo que parece ser una grave falta de transparencia en la ejecución del “Proyecto de Reubicación Voluntaria de Residentes No Raizales al Interior del País.” Este proyecto, anunciado en diversas instancias de gobierno y planteado como una solución al problema de sobrepoblación que amenaza los recursos naturales y la vida digna en las islas, ha sido objeto de solicitudes de información sin respuestas claras por parte de las entidades responsables.
En representación de la comunidad, presentamos una petición formal ante varias entidades estatales, solicitando detalles sobre la formulación y ejecución del proyecto, las metas establecidas y la destinación de los recursos asignados. Hasta la fecha, las respuestas recibidas no han aportado la claridad esperada, lo que ha encendido las alarmas sobre la posible inexistencia del proyecto, el desvío de recursos o el riesgo de que este sirva a intereses burocráticos que no solucionan los problemas de fondo.
Respuestas evasivas: ¿Un intento de silenciar el control ciudadano?
El 17 de octubre, el Secretario de Gobierno de la Gobernación de San Andrés, Isla, respondió afirmando que el proyecto está bajo la dirección del Ministerio del Interior, en colaboración con el Departamento de Planeación Nacional, y que se deriva de un acuerdo alcanzado con las comunidades étnicas (Acuerdo NTS-154). Sin embargo, esta respuesta contrasta con la postura pública de la misma Secretaría, la cual en junio de 2024 afirmó su rol activo en la socialización y coordinación del proyecto, señalando que ya se estaban definiendo lineamientos para la caracterización de familias en zonas prioritarias. Este cambio de postura genera interrogantes sobre la veracidad de la información y si realmente existe una intención de ejecutar el proyecto con la seriedad que la comunidad requiere.
Los Ministerios y la UNGRD
Por su parte, el Ministerio de Vivienda, en su respuesta del 16 de octubre, manifestó que la iniciativa de reubicación no corresponde a su competencia, aclarando que su responsabilidad se limita a la formulación y ejecución de políticas públicas en materia de vivienda, agua potable y saneamiento básico, entre otras, en el territorio nacional. De acuerdo con esto, la entidad procedió a remitir la solicitud de información a la Gobernación de San Andrés, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, indicando que corresponde a la administración departamental brindar respuesta a la comunidad.
El Ministerio del Interior, en una respuesta recibida el 7 de noviembre, también optó por trasladar la responsabilidad a otras entidades, específicamente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al Secretario General del Ministerio de Vivienda y nuevamente a la Gobernación, sin ofrecer detalles específicos sobre los avances del proyecto, el uso de recursos o la ejecución de las mesas técnicas anunciadas.
A su vez, la UNGRD, en su pronunciamiento, afirmó no tener competencia para responder la solicitud, aduciendo que el “Proyecto de Reubicación Voluntaria de Residentes No Raizales” no se encuentra dentro de su marco de gestión del riesgo. Según la UNGRD, su objeto no incluye la reubicación voluntaria de población por razones socioeconómicas o ambientales, sino exclusivamente la atención y prevención de desastres. No obstante, la entidad mencionó que se tiene conocimiento de las Mesas Técnicas lideradas por el Ministerio del Interior para gestionar el proyecto de reubicación, por lo cual, al amparo del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, la comunicación fue trasladada a dichas mesas con el fin de que atiendan las solicitudes de información conforme a su competencia.
En conjunto, las respuestas de las entidades involucradas no brindan una respuesta de fondo ni aclaran los aspectos solicitados por la comunidad. En lugar de ofrecer información concreta sobre el proyecto, su alcance, presupuesto y cronograma de ejecución, han optado por delegar la responsabilidad de forma sucesiva, dejando en un limbo las inquietudes de la ciudadanía y obstaculizando el ejercicio de control social y el derecho de acceso a la información.
¿Un proyecto inexistente o recursos desviados?
El panorama actual deja dudas importantes sobre la existencia misma del proyecto o, en caso de que efectivamente esté en marcha, sobre el uso de los recursos públicos destinados a su ejecución. La comunidad raizal, históricamente excluida de muchas decisiones gubernamentales y defensora de su derecho a un entorno sostenible, no ha recibido información clara sobre la magnitud y alcance de la iniciativa.
La falta de transparencia y las respuestas fragmentadas de las entidades también sugieren la posibilidad de que los recursos asignados al proyecto se estén utilizando para compromisos administrativos, sin que exista un esfuerzo genuino para resolver el problema de sobrepoblación que aqueja a las islas. De ser así, estaríamos frente a una defraudación de la confianza legítima de la comunidad, que ha depositado sus esperanzas en una solución gubernamental para preservar sus recursos y su cultura.
La exclusión de los no raizales y el riesgo de segregación
Otro aspecto preocupante es la exclusión de la comunidad no raizal en las consultas y socialización del proyecto. En el contexto de San Andrés, donde la convivencia entre comunidades raizales y no raizales es compleja, el riesgo de polarización y discriminación se intensifica cuando no se garantiza una participación inclusiva. La comunidad no raizal, que también se ve directamente afectada por el proyecto, merece espacios para opinar y ser informada sobre los planes de reubicación y sus impactos.
¿Será necesario recurrir a instancias internacionales?
Ante la falta de claridad y la posibilidad de defraudación, se deberá acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado tiene la obligación de rendir cuentas sobre este proyecto y de implementar medidas de transparencia y participación efectiva.
El acceso a la información, la transparencia y la inclusión son derechos fundamentales que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos. La comunidad raizal de San Andrés, Isla, y sus habitantes merecen respuestas, y es responsabilidad de las autoridades demostrar que el proyecto es real, viable y ejecutado con los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos. ¿Estamos ante una verdadera solución o frente a una nueva defraudación de la confianza legítima?
