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En respuesta a las denuncias ciudadanas, la plataforma jurídica y agencia de noticias Tutela Digital radicó un derecho de petición ante la Oficina de Control de Circulación y Residencia (OCCRE), exigiendo claridad frente a las presuntas exoneraciones del pago de la tarjeta de turismo a ciertos grupos de visitantes, mientras ciudadanos residentes —incluidos menores de edad y jóvenes en trámite de documentación— siguen siendo obligados a pagarla para poder salir de la isla.
La solicitud, dirigida al director de la OCCRE, Delroy Austin Gordón Fox, plantea interrogantes de fondo sobre las garantías que deben recibir los habitantes del archipiélago, especialmente aquellos que, por razones administrativas, aún no cuentan con tarjeta de residencia pese a haber nacido, vivido o conformado su núcleo familiar en el territorio insular.
“No es aceptable que se exijan pagos o restricciones a personas domiciliadas legalmente en la isla, mientras otros sectores ajenos a la comunidad están siendo presuntamente exonerados con base en actividades turísticas. Esta asimetría no solo es injusta, sino inconstitucional, señaló Paola Rada Meza, abogada y directora de Tutela Digital.
La denuncia se centra en tres perfiles que, con frecuencia, enfrentan esta situación:
Menores de edad que aún no han cumplido los 7 años (edad a partir de la cual se tramita la tarjeta OCCRE), o cuyos padres han iniciado el proceso sin recibir respuesta institucional.
Jóvenes universitarios en proceso de actualización del documento tras alcanzar la mayoría de edad, que se ven obligados a pagar tiquete de regreso como si fueran turistas.
Personas con residencia por convivencia, que han esperado por años sin que su trámite sea resuelto, y que aun así deben pagar para poder salir del archipiélago, incluso por razones médicas, académicas o laborales.
En contraste, se ha conocido que visitantes provenientes del interior del país, vinculados a eventos deportivos o promocionales, estarían siendo exonerados del pago de la tarjeta de turismo, bajo estrategias que —según la petición— podrían estar siendo utilizadas de forma discrecional, sin que se conozcan los actos administrativos que las sustentan.
El documento solicita a la OCCRE:
Informar qué medidas ha adoptado la entidad para garantizar los derechos de residentes en trámite, menores y jóvenes, evitando que se les exija el pago de tarjeta de turismo o tiquete de regreso.
Precisar si existen mecanismos de atención prioritaria, constancias temporales, salvoconductos o algún instrumento legal para permitir su libre circulación mientras se concluyen los procesos administrativos.
Revelar y entregar copia de todos los actos administrativos, resoluciones o circulares emitidas desde el 1 de enero de 2024 que hayan concedido exoneraciones a visitantes por motivos deportivos, culturales u otros.
Aclarar si existe un mecanismo para la devolución de dinero a residentes que hayan sido obligados a pagar, configurándose un posible cobro de lo no debido.
Tutela Digital invita a la ciudadanía a reportar casos similares de cobros indebidos o restricciones arbitrarias que afecten su derecho a la libre circulación, especialmente si eres residente, estás en trámite de residencia, o tienes hijos que han sido perjudicados por decisiones de esta naturaleza.
Por una isla donde se respeten los derechos
Este nuevo requerimiento hace parte de una serie de acciones de vigilancia y exigibilidad ciudadana que Tutela Digital ha venido adelantando en defensa del debido proceso, el trato digno y la igualdad ante la ley, especialmente en contextos donde la institucionalidad local ha fallado en garantizar estándares mínimos de protección.
San Andrés no puede convertirse en un territorio donde los derechos dependan de un sello, un trámite inconcluso o un acto discrecional. La ley está por encima de cualquier formulario y la residencia no puede ser un privilegio condicionado.
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