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A pesar de las advertencias ciudadanas desde 2023, la Gobernación y la Asamblea Departamental omitieron actuar frente a la ilegal designación de AREMCA. Hoy, la nulidad del acto deja en vilo millonarias obras públicas, sin responsables a la vista.
La reciente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que declaró la nulidad del Decreto 0449 de 2022 —por el cual se designó a la Asociación Regional de Municipios del Caribe Colombiano, AREMCA, como ejecutor de millonarios recursos del Sistema General de Regalías— representa no solo un precedente jurídico relevante, sino también una alerta roja sobre la ausencia de responsabilidad política y técnica de las autoridades locales.
Desde el 25 de agosto de 2023, la organización Heredad Veeduría Ciudadana advirtió por escrito al entonces Gobernador Everth Hawkins Sjogreen y trasladó copia a la Asamblea Departamental, solicitando el control de legalidad sobre las decisiones que llevaron a AREMCA a ejecutar obras públicas en el departamento, a pesar de no estar registrada en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT), condición exigida por la Ley 1955 de 2019.
El archivo del silencio institucional
La Asamblea Departamental, pese a estar facultada constitucionalmente para ejercer control político sobre la gestión administrativa, guardó silencio durante todo el proceso. Ninguna audiencia pública, ningún debate formal, ningún pronunciamiento oficial surgió de la Corporación frente a una denuncia que involucraba la legalidad de contratos multimillonarios, la responsabilidad del Gobernador y la posible pérdida de recursos estratégicos para la isla.
Más aún, al inicio de la administración de Nicolás Gallardo Vásquez, Heredad insistió en su deber de verificar la situación heredada. La respuesta fue desconcertante: la Gobernación manifestó que no tenía injerencia sobre esos contratos, al haber sido firmados por un tercero (AREMCA), y que no poseía los expedientes contractuales. Esta declaración contradice la condición misma del acto administrativo ahora anulado, el cual emanó del poder ejecutivo departamental.
La ciudadanía coadyuva, el gobierno calla
Durante el proceso judicial, fue Heredad Veeduría Ciudadana promovió la coadyuvancia, y advirtió los riesgos de continuar con la ejecución de las obras bajo un marco de ilegalidad. Por el contrario, la Gobernación no presentó alegatos finales, lo que en términos procesales representa una renuncia tácita a ejercer una defensa activa del patrimonio público.
El Tribunal, en una sentencia clara y ajustada a derecho, declaró la nulidad del Decreto 0449 de 2022. Sin embargo, no se pronunció sobre la mitigación del daño, el destino de los contratos vigentes, ni las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía de los efectos de la parálisis de obras esenciales de alcantarillado y pavimentación.
Consecuencias: millones en el aire y derechos sin garantía de ser restablecidos
Los efectos jurídicos de la sentencia son retroactivos (ex tunc), lo que significa que el acto anulado nunca debió producir efectos. En la práctica, esto pone en entredicho todos los contratos suscritos entre AREMCA y terceros, contratistas, interventores y proveedores. Obras inconclusas, vías intransitables, rebosamiento de aguas residuales, parálisis económica del comercio en sectores clave, y la amenaza real de acciones judiciales por parte de contratistas o terceros perjudicados.
Peor aún, se desconoce si el Departamento podrá conservar los recursos asignados por el Sistema General de Regalías, dado que las reglas del SGR exigen legalidad y eficacia en la ejecución. Podrían iniciarse procesos de devolución o reprogramación de proyectos, lo que sumaría al daño económico el agravante de la exclusión territorial de futuras asignaciones prioritarias.
¿Quién responde?
La pregunta clave ahora es quién asumirá la responsabilidad política y jurídica por este desastre institucional. ¿Será la Asamblea Departamental, que desoyó el llamado al control político? ¿Será la Gobernación actual, que prefirió evadir antes que asumir? ¿O será la ciudadanía, la misma que hoy padece los perjuicios y mañana deberá pagar las consecuencias de esta negligencia con sus impuestos?
Para Tutela Digital es relevante el aviso que el Magistrado hace a los organismos de control: la Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía. Este caso debe ser investigado a fondo y con carácter ejemplarizante. La transparencia en la administración de recursos públicos no es una opción. Es una obligación constitucional.
Hoy San Andrés no solo necesita obras. Necesita verdad, reparación y garantías de no repetición.
