Bienestar Animal

El pasado 9 de agosto de 2024, la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina adjudicó y firmó el contrato No. CO1.PCCNTR.6342925, cuyo objeto es la construcción de un Centro de Bienestar Animal (Coso) en el Archipiélago. Este proyecto, anunciado como una iniciativa clave para atender la problemática del bienestar de los animales en la isla, ha generado preocupación entre sectores sociales y ciudadanos que han denunciado irregularidades en el acceso a la información pública sobre el mismo.

A pesar de la importancia de esta obra, destinada a proteger a los animales en situación de calle y promover el cuidado responsable, la falta de transparencia ha sido evidente desde el comienzo. El equipo de Heredad Veeduría Ciudadana, comprometido con la defensa de los derechos fundamentales y el control social ciudadano, presentó una acción de tutela para exigir acceso al expediente público contractual, debido a que la Gobernación adoptó una actitud reticente y ha obstruido la consulta de documentos que, por ley, deberían estar disponibles para el escrutinio ciudadano.

El gobernador Nicolás Gallardo Vásquez, quien frecuentemente utiliza sus plataformas en redes sociales para proyectar una imagen de responsabilidad y gestión efectiva, enfrenta serias acusaciones de actuar de manera hipócrita y opaca en la ejecución de los recursos públicos. Lejos de responder a las necesidades de la comunidad, su gestión parece estar enfocada en adjudicar contratos que agotarán el presupuesto oficial, sin garantizar el cumplimiento de los procesos necesarios para que la ciudadanía participe activamente en el control social de las obras públicas.

En este contexto, Heredad Veeduría Ciudadana anuncia el inicio de una fiscalización minuciosa sobre el contrato No. CO1.PCCNTR.6342925. La construcción del Centro de Bienestar Animal, una obra que debería contar con la mayor transparencia y participación ciudadana, será objeto de un estricto seguimiento. La veeduría ha manifestado que: “Nos comprometemos a gestionar todas las acciones legales necesarias para asegurar que el proyecto no se convierta en otro ejemplo más de corrupción y negligencia en la administración pública del archipiélago”.

Este control social no solo busca garantizar la correcta ejecución de la obra, sino también abrir los espacios de interacción social que la Gobernación ha ignorado. Los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen derecho a conocer en detalle cómo se manejan los recursos públicos, y más aún, a tener garantías de que los proyectos se desarrollen con calidad y en los tiempos establecidos.

Invitamos a la comunidad a sumarse a esta iniciativa de control ciudadano, a mantenerse informada sobre el avance del proyecto y a denunciar cualquier irregularidad que detecten en su ejecución. Es necesario seguir abogando por la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos en el Archipiélago, y no cesar en la labor de defender los derechos fundamentales de la ciudadanía frente a los abusos de poder.

Este es solo el comienzo, estaremos atentos a cada detalle para que la obra pública se concluya en beneficio de todos.