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Temas relacionados con la participación y derechos de los ciudadanos.

La Capitanía de Puerto de San Andrés (DIMAR) dejó constancia dentro de un proceso judicial de que la Gobernación del Archipiélago ha sido informada en múltiples ocasiones sobre ocupaciones indebidas y operación irregular de muelles turísticos. La respuesta, enviada al Juez Único Contencioso Administrativo (Rad. 2026-00006), documenta oficios, inspecciones y expedientes sancionatorios.

En un informe rendido al Tribunal Administrativo por la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana (documento fechado el 4 de diciembre de 2023), la entidad relaciona reportes y procesos en curso sobre ocupaciones, demarcaciones y restituciones de bienes de uso público.

Recién constituida, pero con la experiencia de sus años de incubación, la Corporación Clúster Náutico y Marítimo de San Andrés, Isla, comienza 2026 con acciones constitucionales para enfrentar el bloqueo sistemático al mar, los muelles ilegales y la urgencia de una operación náutica ordenada, segura y transparente en la Bahía de San Andrés, Isla.

En un logro sin precedentes para San Andrés, el gremio náutico y marítimo ha conseguido lo que por años parecía inalcanzable: articular a la Gobernación, la Dirección General Marítima (DIMAR) y a Coralina en una mesa técnica permanente para buscar soluciones conjuntas a los problemas del sector.

AREMCA, el contratista encargado de ejecutar más de $11 mil millones para kioscos, muelle, planta de tratamiento y puente, tiene su contrato suspendido desde agosto de 2023 por falta de permisos y posibles deficiencias en la consulta previa. Aun así, la Gobernación opta por ordenar el retiro de la estructura temporal, como si ese gesto acercara la solución, cuando en realidad nos aleja de ella.

Las comunidades populares de San Andrés Isla siguen esperando obras prometidas en medio de anuncios oficiales, procesos judiciales y la falta de rigor institucional en la gestión de los recursos públicos.

Mientras más de cinco mil visitantes fueron exonerados del pago de la tarjeta de turismo, niños, estudiantes y residentes del Archipiélago deben pagar para viajar fuera del Departamento.
¿Qué está pasando en la OCCRE? ¿Por qué se privilegia al turista y se castiga al Residente?

La OCCRE debe reformar sus prácticas, capacitar a su personal y poner a la niñez en el centro de sus decisiones. De lo contrario, cada sentencia de tutela será también una sentencia moral contra su deshumanización.

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