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Promesas Incumplidas, Anuncios Vacíos y Judicialización en contra AREMCA en San Andrés Isla
En enero de 2023, el gobernador Everth Hawkins Sjogreen se paró frente a las cámaras y celebró el inicio de la obra sobre la carrera 13 como un “acto histórico”. Con orgullo, anunció que se había logrado destrabar una antigua demanda, permitiendo que por fin el proyecto viera la luz. Cientos de familias se ilusionaron. ¿El resultado dos años después? Más inundaciones, calles intransitables y la misma incertidumbre de siempre. ¿Hasta cuándo?
El Ciclo de las Promesas
La historia es conocida y repetitiva: cada cierto tiempo, la administración departamental anuncia el inicio de proyectos de infraestructura en sectores vulnerables, prometiendo desarrollo, bienestar y dignidad. La ciudadanía escucha discursos llenos de esperanza, pero la realidad se impone con fuerza: los barrios siguen bajo el agua cada vez que llueve y las obras se quedan a medio camino.
El caso de la carrera 13 es emblemático. En el 2017 el Gobernador Ronald Housni Jaller anunció la asignación de recursos a través del OCAD, que, para este caso, significaba que se iba a financiar la Carrera 13 con recursos del Sistema General de Regalías, por cuanto estaba aprobada la pertinencia y necesidad del proyecto. Fue en febrero de 2023 cuando vimos al gobernador Evert Hawkins Sjogreen proclamando que la intervención de la Carrera 13 era posible gracias a la “voluntad política” y al desestimiento de una demanda previa. Y, en el 2024 al gobernador Nicolás Gallardo Vásquez “visitando” las obras y prometiendo esa nueva vida que reclaman los habitantes de los diferentes sectores que conectan con la Carrera 13.
Pero en los hechos, lo que predominó fue la improvisación y la falta de rigor institucional. Las exigencias legales básicas para ejecutar la obra —como la inscripción de AREMCA en el REAT, requisito esencial para administrar recursos de regalías— fueron ignoradas o subsanadas solo cuando el daño ya estaba hecho.
Del Anuncio al Proceso Judicial
Lo que debía ser un avance histórico terminó convertido, una vez más, en materia de litigio. El Tribunal Administrativo tuvo que intervenir, suspendiendo el acto administrativo que designó a AREMCA como ejecutora porque la entidad no cumplía los requisitos de ley en el momento de la firma del contrato. Ni la Gobernación, ni el Departamento Nacional de Planeación (DNP), responsables de la vigilancia y el rigor técnico en la inversión de recursos públicos, actuaron a tiempo para garantizar la legalidad y la protección del interés general.
Al final, lo que se logró fue judicializar una vez más la esperanza de la gente. El proceso concluirá, tal como se anunció en auto 068 del 13 de junio de 2025, concluirá con una sentencia anticipada, sin debate, porque las instituciones —en vez de anticiparse y prevenir— solo reaccionan cuando ya es demasiado tarde y la ciudadanía ha sufrido las consecuencias.
¿Dónde Está el Rigor y la Voluntad Real?
La experiencia de la carrera 13 deja claro que la falta de voluntad institucional y el manejo superficial de los procesos administrativos perpetúan la crisis en las comunidades más necesitadas de San Andrés Isla. Los recursos existen, pero se gestionan con ligereza, sin priorizar el interés ciudadano ni el rigor técnico y legal que exige la ley.
El DNP, encargado de supervisar la correcta inversión de los recursos del Sistema General de Regalías, ha brillado por su ausencia. Las obras que debían cerrar brechas sociales terminan atrapadas en la tramitomanía y el ego político, en vez de ser herramientas de transformación y justicia social.
¿Hasta cuando?
¿Hasta cuándo vamos a tolerar anuncios vacíos y promesas incumplidas? ¿Hasta cuándo el círculo vicioso de la judicialización, los parches institucionales y la falta de rendición de cuentas?
La verdadera solución no está en nuevos anuncios ni en discursos motivadores. Está en la capacidad de hacer las cosas bien desde el principio, con transparencia, rigor y un compromiso real con el interés general. Solo así las obras dejarán de ser noticias en los medios y se convertirán en realidades palpables para quienes más las necesitan.
La ciudadanía de San Andrés Isla merece resultados, no excusas. Es hora de exigir a la Gobernación y al DNP que asuman su responsabilidad con honestidad y rigor. Y que cada obra pública —por pequeña o grande que sea— responda a las necesidades reales de la gente y se ejecute bajo los más altos estándares de legalidad y eficiencia.
En Tutela Digital seguiremos visibilizando estos casos, porque no se trata solo de una obra, sino de la dignidad y el futuro de toda una comunidad.
Fuentes:
- Videos oficiales Gobernación de San Andrés Isla, 2017, 2023 y 2024.
- Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Autos y actuaciones del proceso de nulidad simple contra AREMCA.
- Ley 1955 de 2019, Decreto 1821 de 2020.
