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Parte 1, Planeación a la deriva: cuando el poder incumple, la norma se diluye
San Andrés, Isla, un paraíso en medio del Caribe, enfrenta una paradoja inquietante: las normas diseñadas para proteger su identidad, su gente y su equilibrio ambiental son hoy papel mojado. Y lo peor es que la desidia institucional ha creado una peligrosa cadena de imitación: si la autoridad no cumple la ley, la empresa privada tampoco lo hará.
El manto de ilegalidad que cubre el urbanismo en San Andrés es una señal de alarma que ya no podemos ignorar. A vista y paciencia de la Secretaría de Planeación, en pleno corazón de la Zona Rosa, se construyen hoteles con alturas prohibidas, se reducen andenes a meros pasillos y se levantan estructuras sobre espacios públicos, afectando el ordenamiento urbano y la movilidad de residentes y turistas.
Las construcciones en la Zona Rosa: entre la expansión descontrolada y el colapso urbano
La Zona Rosa de San Andrés, Isla, es el epicentro turístico y comercial del archipiélago. Sus calles albergan una alta concentración de hoteles, restaurantes, bares y comercios, convirtiéndola en el principal punto de encuentro para visitantes y residentes. Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de un problema estructural que amenaza la sostenibilidad de la isla: la falta de planeación urbana y la crisis del sistema de alcantarillado.
El incremento descontrolado de edificaciones en esta zona ha sobrecargado una infraestructura sanitaria que ya se encuentra al borde del colapso. Las redes de alcantarillado no fueron diseñadas para soportar el volumen de residuos de los miles de turistas que transitan por la isla diariamente. En temporadas altas, las calles de la Zona Rosa se ven afectadas por rebosamientos de aguas residuales, generando un riesgo ambiental y de salud pública que pone en peligro el equilibrio ecológico de San Andrés y la calidad de vida de sus habitantes.
A pesar de esta crisis, la construcción de nuevos edificios continúa sin un adecuado control urbanístico. Los retiros obligatorios, los límites de altura y las regulaciones del POT parecen ser ignorados sistemáticamente, contribuyendo al desorden y a la privatización del espacio público.
Expansión sin control: los casos del Hotel El Dorado y el Hotel Lord Pierre
La situación del Hotel El Dorado es una muestra clara: según la Unidad de Planificación Insular (UPI-U 17) del POT vigente (Decreto 325 de 2003, modificado por el Decreto 363 de 2007), el límite máximo permitido para la edificación es de cinco pisos más altillo. Sin embargo, la realidad es otra: ocho pisos más altillo se alzan en violación flagrante del Plan de Ordenamiento Territorial.
Además, este proyecto incumple con las disposiciones sobre retiros obligatorios, ya que no ha dejado el espacio requerido para la circulación peatonal y el uso público, reduciendo significativamente el área que debería garantizar el flujo seguro de residentes y turistas en esta zona estratégica de la isla.
Y lo mismo ocurre con el Hotel Lord Pierre, cuya intervención reciente ha invadido el área de retiro obligatorio, reduciendo el espacio público destinado a la movilidad peatonal y la armonía urbanística. La UPI-U 18 establece que los retiros frontales deben ser de 5 metros, los laterales de 4 metros y los posteriores de 10 metros. Sin embargo, se han levantado estructuras en áreas que debieron quedar libres, afectando el orden urbanístico y generando una posible violación de la normativa vigente.
El resultado de este desorden urbanístico es una Zona Rosa más congestionada, menos accesible y más vulnerable a problemas ambientales. En lugar de un desarrollo planificado, la isla enfrenta un modelo de crecimiento donde las construcciones avanzan sin control, sin considerar el impacto en la comunidad ni en los ecosistemas.
Ante estas evidentes irregularidades, Lorena Aldana Pedrozo, Secretaria de Planeación, no está cumpliendo con la labor propia de su cargo. Si bien debe articularse con los gremios y funcionarios públicos, su obligación primordial es garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley urbanística en el territorio. La presión de los sectores empresariales o los intereses políticos no pueden estar por encima del interés general y del ordenamiento territorial.
El incumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) tiene serias implicaciones legales. La Ley 388 de 1997 establece que cualquier construcción que infrinja los parámetros urbanísticos puede ser objeto de sanciones administrativas, suspensión de obras, demolición y responsabilidad fiscal para los funcionarios que hayan omitido su control. Además, el Código Penal tipifica el prevaricato por omisión, aplicable a servidores públicos que, conociendo una irregularidad, decidan no actuar. ¿Cuántos expedientes sancionatorios ha abierto la Secretaría de Planeación? ¿Cuántas obras ilegales han sido suspendidas o demolidas? ¿O acaso se está permitiendo que San Andrés siga creciendo en la ilegalidad, sin control ni consecuencias?
Pero esto va más allá de dos hoteles. Es una cultura del «todo vale» promovida por una administración que invierte recursos en gremios locales sin exigirles un código de ética, sin garantizar que sus afiliados respeten lo básico: el buen trato a los ciudadanos, el respeto por el ordenamiento territorial y la protección de la Reserva de Biosfera Seaflower. ¿Cómo podemos hablar de conservación cuando la Gobernación contrata con los mismos gremios que no exigen el cumplimiento del POT a sus Asociadas? ¿Cómo podemos hablar de desarrollo sostenible cuando el crecimiento descontrolado pone en jaque la supervivencia de la población local?
¿Y la Ciudadanía?
San Andrés está en riesgo, y el mayor peligro no es el turismo desbordado, ni la falta de recursos, ni siquiera la presión sobre el territorio: el verdadero enemigo es la indiferencia. La de quienes tienen en sus manos la autoridad y han decidido no ejercerla. La de quienes se benefician de la inacción estatal y miran hacia otro lado. La de quienes, como ciudadanos, nos acostumbramos a ver el abuso sin levantar la voz.
Ha llegado el momento de preguntarnos: ¿qué estamos haciendo con San Andrés, Isla? ¿Cómo la respetamos cuando quienes deben hacer cumplir la ley son los primeros en violarla? ¿Por qué los empresarios creen que pueden hacer lo mismo sin consecuencias?
Esta es solo la primera parte de una historia que urge ser contada. Una historia que, mientras no hagamos nada, seguirá escribiéndose en cemento, sobre los pocos espacios libres que aún le quedan a nuestra isla.
