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En un fallo trascendental para la seguridad marítima y la competencia jurisdiccional de la Capitanía de Puerto en San Andrés, Isla, se logró la exoneración de los operadores de transporte marítimo involucrados en un caso de responsabilidad por siniestro marítimo. Este logro, resultado del trabajo incansable del equipo de Tutela Digital, marca un precedente que no solo reafirma la importancia de cumplir con la normativa vigente, sino también pone de relieve las falencias estructurales en la gestión pública. En este artículo, exploraremos los detalles del caso, los argumentos jurídicos presentados y cómo esta decisión impacta al sector marítimo.
El caso en cuestión giró en torno a un accidente marítimo ocurrido en Haynes Cay, una zona reconocida por su actividad turística y náutica. En el incidente, ocurrido el 8 de septiembre de 2023 la joven Yurany Vanegas Peña perdió la vida tras un desafortunado encuentro con una motonave en una zona no delimitada de tránsito de embarcaciones. Este trágico hecho desencadenó una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades de los actores involucrados.
El equipo de Tutela Digital asumió la representación legal de los operadores de la motonave, enfrentando el desafío de demostrar que las acciones de sus clientes cumplían con la normativa marítima vigente y que el incidente fue el resultado de una serie de omisiones administrativas en la gestión de la seguridad marítima por parte de las autoridades competentes.
La Resolución 061 de 2019 regula las zonas de baño y tránsito en San Andrés y sus cayos circundantes. Esta normativa establece la delimitación de áreas seguras para bañistas y zonas de navegación para embarcaciones, además de protocolos específicos para garantizar la seguridad de todas las partes.
En este caso, se demostró que la zona donde ocurrió el accidente no contaba con la señalización adecuada para advertir a los usuarios sobre los límites entre las zonas de tránsito de naves y las áreas destinadas al baño. Según las pruebas aportadas, esta omisión recae directamente en la administración pública, que no realizó el mantenimiento necesario a las boyas y avisos preventivos que habían sido instalados hace más de una década.
Se demostró que la Gobernación de San Andrés, Isla, no cumplió con sus responsabilidades de mantenimiento y actualización de la señalización en las zonas de tránsito y baño. Esta negligencia fue un factor determinante para que la víctima y sus acompañantes no pudieran identificar correctamente las áreas seguras, exponiéndose a riesgos innecesarios.
El equipo de Tutela Digital presentó pruebas concluyentes de que la motonave Blessing cumplía con todos los requisitos técnicos y legales exigidos para su operación, incluyendo certificados estatutarios vigentes y condiciones de navegación adecuadas. Además, se constató que la tripulación actuó conforme a los protocolos establecidos.
El trabajo realizado por Tutela Digital destaca el valor de una defensa jurídica estratégica y bien fundamentada. Este caso reafirma nuestro compromiso con la excelencia y la justicia, demostrando que la combinación de experiencia y dedicación puede lograr resultados significativos incluso en escenarios complejos.
El caso de la motonave Blessing es un ejemplo claro de cómo una defensa jurídica bien estructurada puede no solo obtener justicia para los acusados, sino también poner de relieve las fallas estructurales que afectan a nuestras comunidades. En Tutela Digital, nos sentimos orgullosos de haber logrado un fallo que marca un precedente en responsabilidad marítima y reafirma nuestro compromiso con la defensa de derechos y la justicia. Este triunfo es, sin duda, un paso adelante hacia un futuro más seguro y transparente en San Andrés, Isla.