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Obra de Kioscos en Haynes Cay: Podrían estar comprometidos el 100% de los recursos
La Contraloría General de la República ha revelado hallazgos alarmantes en el contrato No.CO1.PCCNTR.4134171, destinado al mejoramiento urbanístico del Cayo Haynes Cay en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La auditoría especial, ejecutada entre el 30 de septiembre y el 13 de diciembre de 2024, identificó 13 hallazgos administrativos, de los cuales dos revisten implicaciones fiscales por un monto de $10.036.272.880, lo que podría comprometer la totalidad de los recursos públicos destinados a la obra.
La investigación de la Contraloría evidencia serias irregularidades, entre ellas:
– Falta de transparencia: La entidad responsable no registró la información contractual en el SECOP II ni en el sistema SIA OBSERVA, obstaculizando el control fiscal.
– Ausencia de documentos clave: No existen actas de inspección, certificados de obra ni informes de avance, lo que impide verificar el cumplimiento del contrato.
– Idoneidad del contratista en entredicho: Aunque la empresa adjudicataria tiene experiencia en construcción civil, no posee antecedentes en infraestructura costera o marítima, lo que representa un incumplimiento de la normatividad vigente.
– Deficiencias en licencias y permisos: Se presentaron retrasos injustificados en la obtención de permisos ambientales y de construcción, incluyendo la solicitud de concesión del espacio público, que finalmente fue archivada por DIMAR.
– Deterioro prematuro de la infraestructura: Las pletinas de fijación de las estructuras presentan corrosión avanzada, comprometiendo la estabilidad de los kioscos en el corto plazo.
– Desfase financiero y detrimento patrimonial: A pesar de haberse desembolsado el 92,47% de los recursos (más de 10 mil millones de pesos), el avance físico de la obra es apenas del 17,95%, lo que evidencia una gestión fiscal ineficiente y antieconómica.
Posibles consecuencias fiscales
Ante este panorama, la Contraloría ha trasladado los hallazgos fiscales a la dependencia de responsabilidad fiscal para determinar las sanciones pertinentes.
Además, se ha exigido a la Gobernación la implementación de un plan de mejora para corregir las deficiencias detectadas.
Es inaceptable que proyectos de infraestructura crítica para el archipiélago terminen en situaciones de presunto despilfarro y negligencia administrativa.
Exhortamos a la comunidad y a los entes de control a mantenerse atentos a la evolución de este caso, que podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en San Andrés y Providencia.
