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El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha trasladado a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación un informe detallado sobre las presuntas irregularidades encontradas en la ejecución de contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Los hallazgos comprometen a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), entidad que fue designada por la Gobernación como ejecutora de varios proyectos de infraestructura, pese a que no cumplía con los requisitos exigidos en la normativa vigente al momento de su contratación.
Según el informe técnico del DNP, se identificaron fallas estructurales y administrativas en las obras ejecutadas por AREMCA. Entre los aspectos más graves se destacan:
Debido a la magnitud de los hallazgos, el DNP remitió la información a los organismos de control y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes.
¿Y la Gobernación de San Andrés?
La Gobernación, encabezada por Nicolás Gallardo Vásquez, ha sido señalada por su falta de transparencia en este proceso. Pese a haber manifestado que investigaría el estado de los contratos, posteriormente negó tener responsabilidades directas, argumentando que no es la entidad contratante.
Sin embargo, este nuevo informe del DNP confirma que el Gobierno Departamental no puede desligarse de la responsabilidad de vigilar los recursos del SGR y garantizar su correcta ejecución.
¿Qué sigue?
📌 Los organismos de control deberán determinar la responsabilidad de AREMCA y de los funcionarios involucrados en la gestión de estos contratos.
📌 Se espera que la Procuraduría inicie investigaciones disciplinarias contra quienes omitieron sus funciones de supervisión.
📌 La Contraloría podría declarar un detrimento patrimonial si se confirma que hubo irregularidades en el manejo de los recursos.
📌 La Fiscalía evaluará si hay méritos para abrir una investigación penal contra funcionarios y contratistas.
Este caso sigue generando cuestionamientos sobre la falta de rigor en la administración de los recursos públicos y la urgente necesidad de medidas que garanticen la transparencia y la ejecución eficiente de las obras en San Andrés, Isla.
La comunidad sigue a la espera de respuestas y decisiones contundentes por parte de las autoridades.