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Un Capítulo con Idénticos Protagonistas
La acción de lesividad fue radicada por la Gobernación de San Andrés, Isla, ante el Tribunal Administrativo del Departamento, el 23 de septiembre de 2024 y admitida mediante el Auto No. 0124 del 22 de octubre de 2024.
En medio del escándalo por la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en San Andrés, Isla, hemos confirmado que se tramita otra demanda de acción de lesividad, interpuesta por la Gobernación del Archipiélago contra la Asociación Regional de Municipios del Caribe Colombiano – AREMCA. Esta vez, el proceso se centra en el Decreto 0263 del 16 de junio de 2022, con el cual se designó a AREMCA como ejecutor de los dineros del proyecto «Mejoramiento y construcción en concreto rígido de vías urbanas (Tramo Carrera 13, Calle 8, 9 y tramo de la Transversal 10A)», identificado con código BPIN 2017000020084, ejecutado con Recursos del Sistema General de Regalías.
Se hace evidente, al constatar la existencia de este litigio, la creciente presión jurídica contra los procesos de contratación adelantados con AREMCA, y evidencia serias fallas en la planeación, ejecución y supervisión de los proyectos financiados con regalías en el Departamento.
El trasfondo legal: Un caso idéntico al de la otra demanda
La acción de lesividad fue radicada por la Gobernación de San Andrés, Isla, ante el Tribunal Administrativo del Departamento, el 23 de septiembre de 2024 y admitida mediante el Auto No. 0124 del 22 de octubre de 2024. La magistratura a cargo del caso resolvió lo siguiente:
– Admitir la demanda por acción de lesividad contra AREMCA.
– Ordenar el trámite ordinario de primera instancia previsto en la Ley 1437 de 2011.
– Notificar personalmente a AREMCA y a la Procuraduría General de la Nación.
– Correr traslado de la demanda por 30 días para que AREMCA conteste, proponga excepciones y solicite la práctica de pruebas.
Hasta el momento, el trámite judicial ha seguido un curso idéntico al de la primera demanda de nulidad contra el Decreto 0449 del 5 de agosto de 2022, con suspensión del Decreto 0263 del 16 de junio de 2022 (demandado) y con la presentación de una conciliación que pretendía “legalizar” la designación de AREMCA como ejecutor de los recursos del SGR que favorecieron al Departamento Archipiélago. Esto, refuerza la tesis de que las irregularidades detectadas no fueron aisladas, sino parte de un esquema más amplio de contratación cuestionable.
AREMCA no cumplía con los requisitos para ser ejecutor de los recursos
Uno de los elementos clave de la demanda presentada por la Gobernación de San Andrés, Isla, radica en que AREMCA fue designada como ejecutor del proyecto sin cumplir los requisitos legales establecidos en la normatividad vigente. La Gobernación ha argumentado que:
– Para el 16 de junio de 2022, AREMCA no estaba inscrita en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales – REAT, condición indispensable para acceder a los recursos del Sistema General de Regalías.
– AREMCA solo obtuvo su registro en el REAT el 22 de junio de 2023, es decir, un año después de su designación como ejecutor.
– El Decreto 0263 adolece de un vicio en el objeto, ya que la designación de AREMCA fue contraria a la normativa vigente (Ley 1955 de 2019 y Decreto 1821 de 2020).
Estos argumentos refuerzan la solicitud de nulidad del acto administrativo, pues la contratación de AREMCA como ejecutor de los recursos del SGR habría violado normas de contratación pública y de administración del patrimonio estatal.
La Demanda de la Gobernación de San Andrés, Isla
📖 Haz clic en la imagen para leer el documento completo y conocer las razones que originaron la Demanda.
Implicaciones para la Gobernación y la ciudadanía
Este segundo litigio contra AREMCA cobra especial relevancia porque demuestra que los errores en la contratación de esta entidad no fueron hechos aislados. Además, deja en evidencia la necesidad de que las autoridades judiciales y de control actúen con mayor celeridad para evitar mayores perjuicios al patrimonio público.
Las implicaciones de estos litigios van más allá de los procedimientos judiciales. La ejecución de los proyectos de infraestructura en San Andrés, Isla, está en entredicho, pues el avance financiero reportado supera con creces el avance físico de las obras, lo que genera serias dudas sobre la transparencia en la ejecución de los contratos.
– Las obras financiadas con recursos de regalías presentan retrasos significativos, lo que afecta la movilidad y calidad de vida de los ciudadanos.
– Los gremios comerciales, empresariales y comunales de la isla han expresado su preocupación por el impacto negativo en la economía local, debido a la intervención inconclusa de importantes vías urbanas.
– Las denuncias de la comunidad han aumentado, exigiendo explicaciones sobre el manejo de los recursos y la supervisión de los proyectos.
La ciudadanía tiene el derecho y el deber de exigir transparencia en el manejo de los fondos públicos, evitando que se repitan los errores del pasado y asegurando que los proyectos de infraestructura realmente beneficien a la comunidad.
Las próximas semanas serán determinantes para conocer el destino de estas demandas y, en última instancia, el impacto que tendrán en la administración de la isla. La lucha por la legalidad en la contratación pública apenas comienza, y AREMCA está en el centro del debate.
