Dirección: Colombia
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Por: Equipo Editorial - Tutela Digital
El Parque Natural Regional Johnny Cay no es solo el mayor atractivo turístico de San Andrés Isla; es el corazón de nuestra identidad marítima, un motor económico crucial para el departamento Archipiélago y un ecosistema estratégico que requiere la máxima transparencia en su gestión. Por esta razón, los datos presentados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible (Coralina) en su más reciente rendición de cuentas han encendido las alarmas entre los empresarios, lancheros y operadores del sector náutico.
De acuerdo con el informe oficial de la autoridad ambiental, el recaudo anual por concepto de tarifas de ingreso al parque ascendió a $4.253.740.746 pesos, reflejando el acceso de 283.583 pasajeros (PAX). El reporte detalla una fluctuación mensual que va desde picos altos en febrero ($562.080.000) y marzo ($570.480.000), hasta mínimos históricos en noviembre ($102.390.000). Asimismo, la entidad indicó que la operación se dio bajo parámetros de normalidad, restando 69 días de cierre por alertas climatológicas y 12 días por jornadas trimestrales obligatorias.
Una matemática que rechaza el gremio
Al contrastar la información oficial con la realidad fáctica de quienes habitan y operan el mar diariamente, la narrativa institucional se debilita. Si restamos los 81 días en que el parque permaneció cerrado, descubrimos que Johnny Cay operó efectivamente durante 284 días. Esto significa que, según los libros de Coralina, el parque recibió un promedio de apenas 998 visitantes diarios.
Al ser consultados sobre este promedio, diversos empresarios y líderes del Clúster Náutico y Marítimo coincidieron de manera unánime: estas cifras están profundamente alejadas de la realidad del destino. Los reportes internos de las empresas de transporte marítimo autorizadas, combinados con el flujo constante que se evidencia de manera diaria en muelles como Marina Cooperativa, Cotton Cay, Casa de la Cultura, Toninos y Portofino, sugieren que el volumen real de pasajeros que se embarcan hacia el islote es considerablemente superior al promedio reportado.
La brecha entre el papel de la administración y el muelle no es un asunto menor de contabilidad; impacta directamente los recursos destinados a la conservación del propio ecosistema y la infraestructura de seguridad para los turistas.
El destino de la Tarifa Ecológica: Recursos con con destinación específica
La brecha entre el papel de la administración y el flujo real en el muelle no es un asunto menor de contabilidad; tiene implicaciones directas en la sostenibilidad de nuestra Reserva de Biosfera Seaflower. Es imperativo recordar que la Tarifa Ecológica que paga cada visitante no es un impuesto de libre destinación para la burocracia. Según los Planes de Manejo y Sostenibilidad Financiera del Parque (desde la Resolución 161 de 2002 hasta la Resolución 928 de 2018), estos dineros públicos tienen fines específicos y obligatorios:
Mantenimiento e Infraestructura: Garantizar baterías de baños dignas y funcionales, zonas de sombra y la reparación constante de los muelles de embarque y desembarque para proteger la vida humana en el mar.
Conservación Ambiental: Financiar el monitoreo de los ecosistemas arrecifales, la restauración de playas frente a la erosión costera y el manejo técnico de residuos sólidos.
Seguridad y Capacidad de Carga: Sostener los sistemas tecnológicos y el personal necesario para que el cayo no colapse ecológicamente, asegurando una experiencia segura y de alta calidad para el turista.
Cuando las cifras de ingreso diario parecen «licuarse» en promedios que no coinciden con la realidad del muelle, lo que realmente está en riesgo es la inversión en el cayo. Menos pasajeros reportados oficialmente significan, en teoría, menos recursos recaudados para el sostenimiento de una infraestructura que hoy los operadores náuticos y los turistas reclaman con urgencia que sea mejorada.
El llamado: Transparencia y Auditoría Forense
Fieles a nuestra filosofía en Tutela Digital de proteger los derechos colectivos, la moralidad administrativa y el patrimonio de las islas, desde este espacio no pretendemos lanzar acusaciones apresuradas. Sin embargo, la discrepancia es tan evidente que el silencio sería una omisión irresponsable frente a la ciudadanía y el gremio.
Para salvaguardar la confianza pública, el Clúster Náutico y Marítimo solicitará respetuosamente a los organismos de control técnico e institucional —así como a las veedurías ciudadanas— iniciar una minuciosa investigación y una auditoría forense independiente sobre los sistemas de control de acceso. La migración obligatoria hacia un sistema virtual y sistematizado de boletería no puede seguir aplazándose. El uso actual de manillas manuales debe ser evaluado a fondo para garantizar que cada peso recaudado se traduzca de forma transparente en un Johnny Cay más seguro, limpio y sostenible.
Johnny Cay nos pertenece a todos. Cuidar sus recursos es el primer paso para proteger su futuro y la dignidad de quienes viven de la actividad marítima.
