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Posible trato discriminatorio en políticas públicas a residentes en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Tutela Digital manifiesta con profunda preocupación que se podría estar estructurando una discriminación estructural institucionalizada por parte de la autoridad migratoria de la isla: la Oficina de Control de Circulación y Residencia – OCCRE, encabezada por el señor Delroy Austin Gordón Fox.
En respuesta a un derecho de petición que formulamos desde nuestra plataforma, el director de la OCCRE informó oficialmente que entre enero y junio de 2025 se exoneró del pago de la tarjeta de turismo a 5.838 personas, bajo justificaciones relacionadas con eventos deportivos, culturales, funciones públicas o razones de salud especializada.
Hasta ahí, todo parecería en el marco de una política pública legítima. Sin embargo, el problema surge cuando, en paralelo, residentes permanentes o en trámite —muchos de ellos nacidos, criados o con arraigo indiscutible en la isla— son obligados a pagar para salir del territorio, incluso por motivos médicos, académicos o familiares urgentes.
Una negligencia que se convierte en exclusión
Lo más grave es que estas personas no son turistas, sino isleños que no han podido concluir su trámite de residencia porque la misma OCCRE no resuelve en tiempo sus solicitudes, algunas llevan años de espera. La autoridad local no ha implementado protocolos excepcionales, ni constancias jurídicas que permitan a estos ciudadanos movilizarse con dignidad. Al contrario, se les exige portar una tarjeta de turismo como si fueran visitantes, y en muchos casos, se les impone también la compra de un tiquete de regreso. Esto no solo es inconstitucional: es inhumano.
Discriminación estructural: ¿un patrón institucional?
Esta política de tratos diferenciados podría configurar lo que en el derecho constitucional se conoce como discriminación estructural: un conjunto de decisiones públicas que, aunque no parezcan deliberadas o explícitas, reproducen y agravan las condiciones de exclusión de un grupo históricamente marginado. En este caso, los afectados son los residentes raizales, afrodescendientes, jóvenes universitarios, menores de edad, madres cabeza de hogar y personas con arraigo en el territorio que no han podido culminar su proceso de formalización migratoria por fallas del Estado.
Mientras tanto, la alfombra roja se despliega para visitantes foráneos que vienen por un fin de semana a correr una maratón, asistir a un torneo o participar en actividades promocionales, muchos de ellos sin ninguna relación con el bienestar de las comunidades locales. Claro, esta última observación se encuentra en consulta ante el representante legal de la entidad territorial.
Una reserva legal injustificada
En un intento por limitar el acceso a la información, el director de la OCCRE ha decidido ocultar los actos administrativos relacionados con estas exoneraciones, amparándose en una supuesta “reserva legal” con base en la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales. Esta interpretación es jurídicamente improcedente.
La Constitución Política, en su artículo 74, establece con claridad que todos los documentos públicos son accesibles, salvo aquellos que expresamente la ley declare como reservados. Y la jurisprudencia nacional, incluida la Sentencia T-473 de 2019 y la doctrina reiterada del Consejo de Estado, ha señalado que la reserva solo se justifica cuando se protege un derecho superior —como la vida, la seguridad nacional o los datos sensibles de personas naturales— y no puede usarse para bloquear el control ciudadano o la vigilancia sobre la gestión pública.
En este contexto, no se trata de expedientes judiciales ni de historias clínicas, sino de actos administrativos con efectos colectivos que involucran el uso de recursos públicos*, como lo son las exoneraciones de un tributo territorial.
Para ilustrar este patrón, cabe recordar el caso de la tutela radicada No. 880014046002202500015, donde, pese a existir sentencia favorable desde el 25 de marzo de 2025, la OCCRE aún no entrega información pública sobre permisos otorgados a trabajadores foráneos, bajo el mismo pretexto de reserva. La violación es doble: se desconoce una sentencia judicial y se omite deliberadamente el principio constitucional de publicidad administrativa.
¿Se generan implicaciones fiscales?
La exoneración de 5.838 tarjetas de turismo representa, según nuestras estimaciones, una pérdida fiscal cercana a los 1.000 millones de pesos que no ingresaron a las finanzas públicas del Departamento, recursos que debían destinarse, en parte, a la infraestructura pública turística en uno de los momentos más críticos para el sector. ¿Quién autorizó esta política masiva de exenciones sin criterios de equidad ni transparencia? ¿Quién responderá por los recursos no recaudados?
El turismo en la isla enfrenta múltiples desafíos: informalidad, saturación de servicios, precariedad laboral. Cada peso que deja de invertirse en mejoras para el territorio profundiza esas brechas. ¿Es razonable premiar al visitante y castigar al residente?
Desde Tutela Digital seguiremos accionando todos los mecanismos legales, administrativos y comunicativos para visibilizar estas decisiones discriminatorias, exigir transparencia, y proteger el derecho de los habitantes del Archipiélago a una vida digna, sin discriminación, sin obstáculos y con acceso real a sus derechos.
El recurso de insistencia que hemos presentado hoy busca que un juez administrativo decida si la OCCRE puede o no seguir ocultando información pública bajo pretextos que no se sostienen ni constitucional ni éticamente. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes fueron exonerados, bajo qué criterios y con qué fundamento.
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