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Gracias a la intervención de Tutela Digital, un menor de edad logró que la OCCRE reconociera su derecho a residir en San Andrés y a circular libremente para acceder a atención médica fuera de la isla.
En San Andrés, la entidad creada para regular la residencia y circulación de personas —la OCCRE— se ha convertido en un muro infranqueable para muchos residentes, y en especial, para niños y niñas que necesitan protección del Estado, no barreras administrativas.
Hemos atendido casos de niños que han tenido que llegar a los estrados judiciales para que se respete lo evidente: que son residentes, que tienen derechos prevalentes, y que su salud, vida y dignidad no pueden esperar a que un funcionario “tenga tiempo de contestar”.
El caso más reciente: un niño que necesita servicio médico especializado, una familia desesperada y una tutela que abrió las puertas
Hace apenas unas semanas, un menor de edad residente en la isla —con necesidad urgente de atención médica por fuera del territorio— fue retenido en la práctica por la OCCRE, que no solo demoró injustificadamente su trámite de residencia, sino que le negó, verbalmente, la posibilidad de regresar a San Andrés sin pagar la tarjeta de turismo. Todo esto, a pesar de que su salida obedecía a una remisión médica.
Fue necesaria una acción de tutela para que la entidad expidiera la resolución reconociendo su residencia. Pero incluso después del fallo, persistieron gestos de desprecio institucional: la madre del menor tuvo que ser acompañada por su abogada para que le aceptaran una simple fotografía requerida para expedir el documento.
El caso del bebé separado de su madre no fue un error: es un patrón
Este no es un hecho aislado. El caso del bebé, otro menor que fue separado de su madre, marcó un precedente doloroso. Hoy, con este nuevo caso, se confirma que la OCCRE no tiene un protocolo efectivo para proteger los derechos fundamentales de la niñez, y que su cultura administrativa está desconectada del mandato constitucional de prevalencia de los derechos de los niños (Art. 44 CP).
La niñez no puede ser víctima del régimen migratorio interno
La OCCRE fue creada para proteger el equilibrio demográfico, el ambiente y la cultura del Archipiélago. Pero ninguno de esos fines justifica la negación de derechos a un niño. Un menor de edad no puede ser tratado a la ligera, desconociendo la prevalencia que le otorga la Constitución Política de Colombia, no puede, bajo ningún motivo, ser sometido a procedimientos que le impidan el acceso a la salud, la educación o a la unidad familiar.
El interés superior del niño no es un concepto simbólico: es una norma de aplicación inmediata, que obliga a todas las autoridades a actuar con celeridad, proporcionalidad y enfoque de derechos.
Tutela Digital lo logró, pero ¿cuántas familias no lo logran?
Gracias a la intervención jurídica de Tutela Digital, esta familia pudo restablecer sus derechos. Pero la mayoría no tiene acceso a abogados, ni sabe cómo defenderse. Por eso, desde este espacio hacemos un llamado urgente a las autoridades locales, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y al propio Gobierno Nacional:
📣 ¡Con los niños NO!
No más negligencia institucional.
No más trámites que condenan.
No más puertas cerradas para la infancia.
La OCCRE debe reformar sus prácticas, capacitar a su personal y poner a la niñez en el centro de sus decisiones. De lo contrario, cada sentencia de tutela será también una sentencia moral contra su deshumanización.
¿Conoces un caso? Solicita una asesoría sin costo!
En Tutela Digital estamos comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Si tú, tu familia o alguien que conoces está enfrentando obstáculos injustos para acceder a salud, educación o residencia en San Andrés o cualquier parte del país, podemos ayudarte. Escucha tu voz y actúa: los derechos no se piden, se exigen.
