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Urgente necesidad de regulación marítima en San Andrés, Isla
En San Andrés, el turismo marítimo no solo es una actividad económica, es el corazón de la vida insular. Miles de turistas llegan a nuestras costas cada año para disfrutar de las aguas cristalinas del Caribe, experimentar la calidez de nuestra cultura y explorar los maravillosos cayos que adornan nuestro archipiélago. Sin embargo, detrás de esta vibrante industria, una realidad inquietante está saliendo a la luz: la falta de control y fiscalización de las autoridades sobre la actividad marítima, que pone en peligro tanto a los operadores turísticos como a los pasajeros.
El turismo representa el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) de San Andrés, y el transporte marítimo es una de las actividades más esenciales en este sector. Las embarcaciones turísticas, como las lanchas que transportan pasajeros a los cayos cercanos, juegan un papel fundamental en la generación de ingresos para miles de familias locales. Según cifras recientes, más del 60% de los turistas que visitan San Andrés participan en alguna actividad relacionada con el transporte marítimo, lo que lo convierte en una de las industrias más dinámicas de la isla.
A pesar de esto, los operadores marítimos enfrentan enormes desafíos para garantizar la seguridad de sus pasajeros y el cumplimiento de la normativa. Con un flujo turístico creciente, la presión sobre estos operadores es cada vez mayor, y la falta de intervención efectiva por parte de las autoridades locales agrava aún más la situación.
En San Andrés, la falta de fiscalización y control efectivo sobre las actividades turísticas en el mar no es un fenómeno reciente. Los operadores turísticos han señalado repetidamente la negligencia de las autoridades en la supervisión y el mantenimiento de estándares de seguridad adecuados. Esto se refleja en la ausencia de controles rigurosos en los puertos, la fiscalización insuficiente de las embarcaciones, y la falta de mecanismos de alerta temprana ante condiciones climáticas adversas.
Esta negligencia no solo pone en peligro la vida de los pasajeros, sino que también deja a los operadores turísticos en una situación de vulnerabilidad legal y financiera. A pesar de que muchos de ellos cumplen con todas las normativas exigidas —como la posesión de seguros de pasajeros y certificados de seguridad—, en caso de un siniestro, la falta de control por parte de las autoridades deja a los operadores a merced de juicios mediáticos y legales.
Cada accidente en nuestras aguas es una tragedia no solo para las víctimas directas, sino para toda la comunidad. Los operadores marítimos no solo son dueños de embarcaciones, son padres, madres, hijos y miembros clave de la economía insular. Cuando ocurre un siniestro, son ellos quienes asumen la responsabilidad de brindar socorro a los heridos, de mantener la calma entre los pasajeros y de colaborar con las autoridades en todo momento, a pesar de la falta de apoyo institucional adecuado.
Sin embargo, el enfoque mediático suele demonizar a estos operadores, sin analizar el verdadero problema: la falta de un sistema efectivo de control y fiscalización por parte de las autoridades locales. Se hace fácil señalar a los operadores, cuando la realidad es que trabajan con los recursos limitados que tienen, en un entorno donde la normativa no es suficientemente clara o estricta, y donde las autoridades no intervienen de manera preventiva.
En este contexto, es urgente que las autoridades de San Andrés, en particular la Gobernación de San Andrés, Isla, CORALINA, la Capitanía de Puerto y otras entidades regulatorias, asuman su responsabilidad en la supervisión del turismo marítimo. Es necesario implementar medidas que garanticen un mayor control y una fiscalización más estricta. San Andrés depende del turismo, y el turismo depende de la seguridad de las actividades que se desarrollan en el mar. No podemos permitir que la falta de control siga poniendo en riesgo la vida de nuestros visitantes y la subsistencia de nuestras familias.
Es el momento de que las autoridades locales tomen medidas concretas y efectivas para regular de manera adecuada la actividad turística en el mar y para garantizar que quienes trabajan en esta industria puedan hacerlo con los niveles de seguridad que la ley exige y que el sentido común demanda.