Dirección: Colombia
Horario de atención:
Lunes a viernes
9:00 AM a 5:00 PM
Crisis de Liderazgo y Articulación Institucional Frena la Política Pública de Turismo Náutico y Marítimo en San Andrés, Pese a la Acción Proactiva de la Autoridad Marítima
En días recientes, un video el influencer de viajes @enriquecart1 ha capturado la atención nacional, utilizando la contundente frase «Dolor por San Andrés» para describir la percepción sobre el manejo de su destino turístico. Esta denuncia, aunque válida en su llamado a la conciencia, proviene de una mirada externa, pues el propio creador de contenido advierte llevar más de ocho años sin visitar el territorio.
Si el panorama descrito por las redes sociales causa «dolor» a la distancia, la realidad interna y administrativa que enfrenta la comunidad isleña es aún más profunda y crítica. El gremio náutico y marítimo local, en voz de su representación legal, confirma que el verdadero sufrimiento proviene de la inacción y la desarticulación de las entidades que deberían planificar y ejecutar la política pública. Este problema no es solo de imagen turística o de informalidad percibida, sino de una crisis de gobernanza que ha obligado a los operadores a llevar la política pública a los estrados judiciales para exigir el cumplimiento de la ley y la garantía de derechos fundamentales.
El sector náutico y marítimo de San Andrés Isla se encuentra en un punto crítico, marcado por la inacción de las autoridades departamentales y la judicialización de la política pública. La falta de liderazgo claro y la desarticulación interinstitucional han obligado al gremio a acudir a la vía judicial para exigir el cumplimiento de acuerdos fundamentales de seguridad, regulación y formalización.
Una Acción de Tutela fue radicada recientemente ante el Juzgado Primero Penal Municipal, buscando la protección de los derechos fundamentales de Petición y de Participación Ciudadana. La acción fue presentada en representación de un operador turístico. La Tutela se dirigió contra la Gobernación Departamental y CORALINA. El Juzgado admitió la tutela el 16 de octubre de 2025.
El Contraste Institucional: Capitanía Proactiva vs. CORALINA Judicializada
El conflicto radica en el incumplimiento de los compromisos adquiridos el 19 de septiembre de 2025 en la Gobernación, donde se acordó la instalación urgente de una Mesa Técnica Interinstitucional y la ejecución de la Taquilla Única.
Mientras que la Gobernación ha sido señalada por dilatar las respuestas y no cumplir con el compromiso de instalar la mesa, el comportamiento de otras entidades muestra un marcado contraste:
La Capitanía de Puerto (DIMAR) y el Acompañamiento Técnico:
La Capitanía de Puerto de San Andrés demostró un compromiso desde el primer momento, asumiendo un rol de acompañamiento activo al gremio náutico.
En respuesta a las solicitudes del gremio náutico, la Capitanía de Puerto instaló su propia mesa técnica de atención. Esta mesa, liderada por la Oficina Jurídica de CPO7, se llevó a cabo el 2 de octubre de 2025 para darle seguimiento específico a los compromisos pactados en la reunión interinstitucional del 19 de septiembre de 2025.
La Autoridad Marítima manifestó su plena disposición para continuar con el proceso y seguir trabajando en pro de la seguridad marítima.
Durante esta mesa técnica, la Capitanía se comprometió a actualizar y suministrar la información solicitada por el gremio, incluyendo el listado de empresas de transporte debidamente habilitadas y activas, así como la relación de naves comerciales y de recreo matriculadas en la jurisdicción, demostrando disposición a transparentar y regularizar el registro.
CORALINA: La Convocatoria bajo Apremia Judicial
Por su parte, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (CORALINA) protagonizó un cambio de postura marcado por la acción constitucional:
- Declaración de Incompetencia: El 14 de octubre de 2025, CORALINA había respondido al gremio, indicando explícitamente que la convocatoria y el liderazgo de la mesa técnica correspondían exclusivamente a la Administración Departamental (Gobernación). La Corporación argumentó que la mesa debía involucrar a diferentes entidades que no se encuentran bajo su jurisdicción ni gobernabilidad.
- Suspensión de Acuerdos: Debido a la falta de convocatoria formal de la Gobernación, CORALINA informó el 14 de octubre de 2025 que la implementación del punto único de ingreso al Parque Regional Johnny Cay (Taquilla Única), programada inicialmente para el 15 de octubre de 2025, quedaba temporalmente suspendida.
- Respuesta Judicial Inmediata: El 16 de octubre de 2025, el Juzgado Primero Penal Municipal admitió la Acción de Tutela y notificó a CORALINA. Ese mismo día (16 de octubre de 2025), CORALINA expidió un oficio extendiendo una «cordial invitación» para participar en una reunión de conformación de la mesa técnica sobre el ingreso seguro a Johnny Cay y la organización del tráfico marítimo en Áreas Marinas Protegidas. La reunión fue programada para el 21 de octubre de 2025.
La expedición de la convocatoria para la mesa técnica por parte de CORALINA el mismo día en que fue notificada de la Acción de Tutela subraya la percepción del gremio de que la autoridad ambiental solo opera bajo apremio judicial, luego de haber declarado su incompetencia para liderar el proceso apenas dos días antes.
El Liderazgo Ausente de la Gobernación
A pesar de los esfuerzos individuales de la Capitanía de Puerto para avanzar en temas técnicos y la reacción de CORALINA tras la tutela, la responsabilidad de articulación sigue recayendo en la Administración Departamental.
El gremio náutico ha solicitado a la Procuraduría Delegada requerir la designación y posesión inmediata de un Gobernador Ad Hoc, dado que el Gobernador Nicolás Iván Gallardo Vásquez manifestó formalmente su impedimento en temas de recuperación de playas y muelles. La presencia de un Gobernador Ad Hoc se considera crucial para garantizar la imparcialidad, transparencia y continuidad en la ejecución de los compromisos en la Mesa Técnica.
En definitiva, la intervención judicial busca ahora obligar a la Gobernación a romper el silencio administrativo y asumir el liderazgo necesario para la gestión integral del turismo, un liderazgo que, hasta ahora, ha tenido que ser suplido por la proactividad técnica de DIMAR y, finalmente, por la presión de los estrados judiciales sobre CORALINA.
