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La comunidad de San Andrés denuncia estancamiento en los escenarios deportivos pese al millonario aumento del contrato
La imagen es elocuente: una explanada de tierra, estructuras a medio levantar y un panorama que dista mucho del prometido complejo deportivo. La fotografía, tomada en octubre de 2025, muestra el estado actual de los “Escenarios Deportivos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Fase I”.
Este proyecto, que ya acumula más de nueve mil setecientos millones de pesos adicionales a su valor inicial, no presenta un avance físico visible acorde con la inversión.
I. Un incremento de casi el 50% en el papel… y una obra semiparalizada en la realidad
El contrato fue adjudicado al Consorcio Deportes San Andrés mediante la Licitación Pública No. LP-SIN-0007-2024, con un valor inicial de $19.974 millones. Sin embargo, según el Acta Modificatoria N.º 001, fechada el 21 de enero de 2025, el presupuesto total aumentó a $29.751 millones, es decir, $9.777 millones adicionales, lo que representa un incremento de casi el 49% sobre el valor original.
En Colombia, la Ley 80 de 1993 establece que ninguna adición contractual puede superar el 50% del valor inicial del contrato. El aumento de casi el 49% —a solo un punto del límite máximo permitido— ha encendido las alarmas entre las veedurías ciudadanas, que advierten que cualquier ajuste posterior podría tornar el contrato jurídicamente inviable.
Además, expertos consultados por Tutela Digital señalan que un margen tan estrecho de maniobra sugiere fallas graves en la planeación, pues los estudios y diseños previos debieron prever con mayor exactitud el alcance real del proyecto y su costo total: “El límite del 50% no es una meta a alcanzar, es una señal de alerta que indica que el proyecto fue mal estructurado desde el inicio”, advirtió un analista de contratación pública del Caribe insular.
II. Pagos en curso, avances en duda
Fuentes cercanas al proceso aseguran que los giros al contratista han continuado conforme al cronograma, mientras la comunidad percibe una ejecución visible muy inferior al porcentaje financiero ya desembolsado. “Nos hablan de avances de más del 50%, pero lo que vemos no pasa del 20%”, afirmó un líder social que le hace seguimiento a las obras públicas.
La fotografía tomada por residentes y compartida con Tutela Digital evidencia el estado actual de la obra pública que se ejecuta en el conocido Sunrise Park, lo que contrasta con los reportes oficiales de progreso. Este desfase entre lo financiero y lo físico ha alimentado la indignación ciudadana, especialmente porque el contrato fue prorrogado por 13 meses adicionales, sin que se haya comunicado con claridad el nuevo cronograma ni los resultados esperados.
III. Transparencia y rendición de cuentas: un deber inmediato
Ante las inconsistencias detectadas entre el avance físico de la obra y el elevado aumento presupuestal, Tutela Digital hace un llamado a la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que publique de manera inmediata en la plataforma SECOP II los informes de ejecución del contratista y del interventor.
Estos documentos —que deben detallar cronogramas, pagos, porcentajes de avance y justificaciones técnicas— son esenciales para que la ciudadanía, los organismos de control y las veedurías ejerzan una vigilancia efectiva sobre el uso de los recursos públicos.
En un proyecto que ya roza el límite legal de adición permitido y cuya evidencia fotográfica muestra un progreso limitado, la transparencia no es una opción, sino una obligación legal y ética.
La comunidad insular espera que la administración departamental responda con hechos verificables, garantizando el principio de publicidad y control ciudadano consagrado en la Ley 80 de 1993.
