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El Clúster Náutico y Marítimo de San Andrés inicia 2026 con acciones judiciales contundentes para defender el acceso al mar y reglas claras en la Bahía
En San Andrés Isla, el mar no es solo paisaje: es trabajo, es sustento, es movilidad, es cultura y es dignidad. Por eso, cuando el acceso se convierte en un privilegio condicionado por cobros arbitrarios, el problema deja de ser “comercial” y se vuelve institucional: se afecta la vida diaria de los operadores, la experiencia de los visitantes y el derecho de todos a usar el espacio público.
Con esa convicción, la Corporación Clúster Náutico y Marítimo de San Andrés, Isla, recién constituida pero fortalecida por años de construcción gremial e incubación técnica, ha decidido iniciar 2026 con acciones legales firmes para poner límites claros a una práctica que se ha vuelto recurrente: el boqueo de hecho del acceso al mar mediante cobros verbales y restricciones impuestas por particulares que operan muelles en zona de uso público.
El punto de partida: un fallo que ordenó proteger playas y evitar la “normalización” de lo ilegal
Este problema no es nuevo ni desconocido por las autoridades. Existe una acción popular en la que el Tribunal Administrativo de San Andrés ordenó —desde 2003— que DIMAR y CORALINA se abstuvieran de expedir o renovar licencias, concesiones o permisos para edificaciones y estructuras permanentes en playas, y que las concesiones vigentes, una vez vencidas, no fueran renovadas y se procediera a su retiro. Esa decisión fue confirmada en lo sustancial por el Consejo de Estado. Además, la propia Capitanía de Puerto reproduce expresamente ese mandato en un informe oficial, recordando que las concesiones vencidas no deben renovarse y deben retirarse las estructuras permanentes.
A pesar de ese marco judicial y del carácter público de las playas y terrenos de bajamar, en los últimos años la ciudadanía ha visto cómo el borde litoral se ha ido convirtiendo, de hecho, en un sistema de accesos condicionados por particulares: se cobra por permitir el paso hacia la playa o por permitir que una embarcación se acerque a ella, sin explicación, sin recibo y sin soporte visible.
Concesiones vencidas y muelles operando sin título habilitante: el contexto que no se puede ignorar
El debate no es abstracto. Está documentado. En respuesta a una PQRS, la Capitanía de Puerto de San Andrés identificó muelles donde se realiza embarque y desembarque de pasajeros y precisó cuáles no cuentan con concesión marítima o tienen la concesión vencida. Ese dato —oficial— es crucial para entender por qué el gremio habla de un bloqueo sistemático: cuando el acceso al mar se canaliza por muelles que operan sin concesión vigente (o sin concesión), y al mismo tiempo se imponen cobros como condición para entrar, se termina creando un “peaje” privado sobre un bien que es de todos.
El problema real: no es un “servicio”; es una barrera de acceso
La queja central del gremio no es contra la formalidad ni contra la organización. Al contrario: lo que se exige es que exista orden, transparencia y reglas comunes. El problema es que muchos de estos cobros no corresponden a servicios adicionales verificables; operan como una condición de acceso. Y esto es especialmente grave cuando se trata del tránsito hacia la playa y el mar, bienes de uso público.
En un “Llamado Urgente” dirigido a autoridades y órganos de control, el gremio solicitó intervención inmediata sobre muelles sin concesión vigente y pidió que se oficiara a los propietarios u ocupantes para permitir el libre acceso a las playas y abstenerse de realizar cobros o tarifas por el uso de bienes públicos marítimos o por el embarque y desembarque de pasajeros, señalando que esa práctica constituye un abuso.
¿Qué hizo el Clúster? Organización gremial y acción constitucional
En este contexto, la Corporación Clúster Náutico y Marítimo de San Andrés, Isla —recién constituida, pero con una trayectoria de incubación y articulación del sector— decidió pasar de la denuncia dispersa a una estrategia institucional: acción judicial, documentación y frente común.
Por ello se presentó una acción de tutela orientada a proteger derechos fundamentales vinculados directamente con el acceso al mar y la operación turística: trabajo, vida digna, libertad de locomoción y goce del espacio público. La tutela busca, en lo esencial, que las autoridades se pronuncien y actúen dentro de su competencia para impedir que particulares sigan imponiendo cobros que funcionan como barreras de acceso al mar o disponiendo del espacio público (sin concesión) para la explotación de la actividad de transporte marítimo de manera privilegiada.
El Mar de San Andrés: Entre el "Peaje" Privado y la Lucha por lo Público
Durante años, el gremio ha insistido en que las islas no pueden aceptar como “normal” lo que en cualquier parte sería impensable: pagar para pisar el acceso a la playa, pagar para embarcar, pagar para desembarcar, pagar para acercar una embarcación al borde litoral, todo de manera verbal y sin trazabilidad.
El anuncio de un nuevo incremento en Toninos fue el detonante que aceleró la respuesta colectiva: no solo por el monto, sino por el mensaje que transmite —la idea de que el mar se administra como si fuera propiedad privada— y por el impacto directo en el trabajo de operadores formales, la competitividad del destino y la experiencia del visitante.
2026: reglas claras, autoridad efectiva y defensa del bien común
La invitación de la Corporación Clúster Náutico y Marítimo de San Andrés no es a la confrontación estéril. Es a la responsabilidad institucional y a la dignidad ciudadana. San Andrés necesita una operación náutica con reglas simples y cumplibles: acceso público real, controles coherentes, seguridad marítima, coordinación interinstitucional y decisiones que se sostengan en la ley.
El llamado también es a las autoridades de control: su presencia no puede traducirse en tolerancia. Cuando el abuso se vuelve cotidiano y visible, el silencio termina pareciéndose a la permisividad. Y cuando la ciudadanía pierde confianza en la protección del espacio público, pierde también confianza en el Estado.
El 2026 comienza con una convicción que no admite matices: el mar no se bloquea. Se protege. Se ordena. Se gestiona con transparencia. Y se garantiza para todos.
