Editorial | San Andrés, Haynes Cay: ¿puede sobrevivir la confianza institucional a este error?

En San Andrés, las decisiones de gobierno tienen un peso que va más allá de lo administrativo: tocan fibras históricas, culturales y económicas de una comunidad que resistido por generaciones. Por eso, la orden emitida recientemente por el Gobernador del Archipiélago a AREMCA —para cesar actividades y retirar el puente flotante que unía Haynes Cay y Rose Cay— no es un simple acto administrativo; es un mensaje político en el peor momento posible.

La comunidad raizal de operadores turísticos de Rose Cay libra hoy una doble batalla: en los estrados judiciales, para que se respete su derecho a un traslado digno y planificado; y en la vida diaria, para sostener a sus familias mientras pende sobre ellos la amenaza de perder el territorio donde han trabajado toda su vida. En este contexto, desmontar parte de la infraestructura de conexión sin tener asegurada la culminación de las obras en Haynes Cay, no solo agrava la incertidumbre, sino que rompe un principio básico en la relación Estado–ciudadanía: la confianza.

AREMCA, el contratista encargado de ejecutar más de $11 mil millones para kioscos, muelle, planta de tratamiento y puente, tiene su contrato suspendido desde agosto de 2023 por falta de permisos y posibles deficiencias en la consulta previa. Aun así, la Gobernación opta por ordenar el retiro de la estructura temporal, como si ese gesto acercara la solución, cuando en realidad nos aleja de ella.

No hay manera de justificar esta decisión sin reconocer que se omitió la obligación de concertar con la comunidad étnica afectada. En un territorio con especial protección constitucional, actuar a espaldas de los raizales es ignorar el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia y el sentido mínimo de justicia social.

El Gobernador parece olvidar que un traslado forzado, sin infraestructura lista y sin garantías, equivale a despojar a esta comunidad de su sustento. Peor aún, se da un mensaje contradictorio: en el proceso judicial, la Gobernación sostiene que está cumpliendo sus obligaciones contractuales; en el terreno, ordena retirar el puente que simboliza la esperanza —aunque provisional— de conexión y avance.

Este no es un tema menor. Es el tipo de decisiones que, si no se corrigen, terminan alimentando la protesta social, porque los pueblos saben que sus derechos no se mendigan: se exigen. Y hoy, la comunidad raizal de Rose Cay tiene todo el derecho de exigir que el Estado cumpla lo que prometió, antes de desmontar lo poco que ha hecho.

En el Archipiélago, cada acción gubernamental tiene un eco profundo. Esta vez, el eco es de desconfianza. Y en tiempos donde las heridas históricas aún sangran, ese es un lujo que no nos podemos permitir.